El chaparrón efímero de bombazos luminosos de las fiestas está menguado. El declive de los fuegos artificiales lleva una caída sostenida de diez años, pero las nuevas reglas de las intendencias y las campañas de concientización precipitaron en 2022 el ocaso de una costumbre milenaria que nació en China y llegó a las colonias con la pólvora importada desde Europa.
Si de dinero se habla, el monto en dólares que la temporada 2021 desembarcó en contenedores de pirotecnia –y otros productos asociados– ya se había reducido hasta ser una décima parte de los US$ 5,3 millones que marcaron el pico de importación de 2012. Este último año solo hubo seis contenedores que arribaron al país de la mano de las empresas Mundo Pirotécnico y Chispa, los únicos dos importadores que trajeron productos en 2022.
“Entre lo que entró y se va a vender en el año, se estima que hay un stock nacional de unos 55 contenedores. Eso supone un stock de venta aproximado de seis años”, explica a El Observador el teniente Ignacio Laborda, jefe del Departamento de Laboratorio y Pirotecnia del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército. El oficial, que además es ingeniero químico, indica que la rotación de productos “no es homogénea”: mientras que las bengalas tienden a agotarse en dos años, las baterías pueden tardar siete años en venderse todas, y hasta una década los artefactos especiales para espectáculos públicos.
Con los departamentos uruguayos embarcados en una tendencia mundial de regulaciones –y prohibiciones en seis casos– los productos aún en reserva justifican que todavía puedan oírse los estruendos de más de 120 decibeles (dB), dado que están en el país desde años anteriores.
A partir de febrero, el SMA del Ejército empezó a exigir que cualquier fuego artificial de entre 110 y 120 dB merezca un hexágono rojo en el producto: “ruido alto”. Entre 80 y 110, amarillo: “ruido medio”. Por debajo de eso, verde.
El teniente Laborda indica que un 16% de la grilla de productos habilitados e importados este año tiene hexágono rojo, entre los que se cuentan las baterías con más de dos pulgadas de diámetro. Ese número supone que las compañías dejaron de lado otro 6% de artefactos que, a pesar de tener permiso, decidieron no traer. El oficial del Ejército detalla que en especial quedaron por el camino las bombas con más estruendo, y cedieron el paso a los “artículos de luz que tienen ruido”.
De seis importadores formales, solo dos trajeron fuegos este año. Los cuatro restantes siguen manejándose con stock. Las compañías observan que con los años “va quedando” el “consumo sostenido” de las luces de bengala, las tortas con bajo impacto sonoro y los volcanes, detalla Alberto Méndez, responsable de Chispa.
El titular de Mundo Piroténico, Gustavo Prato, sostiene que “los petardos eran el 35% del mercado, un porcentaje muy grande que se está restringiendo”. En un mundo que cada vez tiende más a las luces, hay cosas que no cambian: “Los granjeros nos compran muchísimo, cualquier viñedo compra 20 o 30 mil petardos. Los aeropuertos los usan para espantar palomas”, pone como ejemplo.
China, la antigua creadora de la pirotecnia, provee buena parte de las importaciones uruguayas; Brasil, autor de las clásicas bombas brasileras, tiene otra fracción. Desde el cierre de la última fábrica en Florida en 1997, los fuegos artificiales no se producen en Uruguay.
Cuando la Cámara de Diputados empezó a discutir el año pasado un proyecto de ley sobre el tema, el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, fue muy enfático al marcar su preocupación respecto a que cualquier reglamentación “genera un mercado informal”. “Vamos a pasar de actores controlados a actores informales que van a transportar, almacenar y vender estos dispositivos, sin control. Van a generar un mayor peligro”, advertía entonces el jerarca de Cabildo Abierto.
En el Ejército celebran que el contrabando no plantea un problema desde la última incautación en 2017. “Hoy se combate gracias a las fuerzas del mercado uruguayo, donde hay productos más baratos, atractivos y más seguros que los de contrabando”, afirma el teniente Laborda. “Los petardos legales traídos de China son mucho más lindos que la bomba brasilera, que además de no ser muy segura, es fea”.
En el SMA observan que países como Chile –que desde hace años prohibió la pirotecnia sonora y ahora tiene diputados oficialistas que promueven extender la restricción para los espectáculos– “tienen un gran problema” desde el momento en que prohibieron la pirotecnia. El coronel Ricardo Pereira, jefe de la división, es cauto a la hora de afirmar que lo mismo sucedería en Uruguay: “Habría que estudiarlo, no sé si en nuestro mercado tendría efecto”, sostiene.
Para los importadores no caben dudas de eso, y desde la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales ya coinciden en que el tipo de cambio ya está propiciando el contrabando en Artigas y Paysandú, dos de los seis departamentos que prohibieron la pirotecnia sonora.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, exigía el año pasado que “tiene que ser una disposición de carácter nacional”, y se preguntó sobre “quién puede prohibir” que se vaya a comprar a otro lado”. “Andá a controlar un 24”, decía el jefe de la intendencia de Canelones.
Las intendencias que hicieron cambios en sus reglas de juego con la pirotecnia niegan ese efecto y festejan desde el “cambio cultural” hasta la concientización que pone en el centro a animales y niños con autismo. El artiguense Pablo Caram asegura que “se ha cumplido a rajatabla” con la negativa a los explosivos. A entender del jerarca blanco, el Festival de Cumbia de fin de año, que reúne a más de 11 mil personas, está siendo un “termómetro muy importante”.
Las campañas de concientización y las posteriores felicitaciones de los vecinos se propagaron por los chats de WhatsApp del interior. El rochense Alejo Umpiérrez hizo saber su “agradecimiento” por los resultados y el duraznense Carmelo Vidalín aseguró que “prácticamente no hubo pirotecnia”. En Paysandú los puestos habilitados fueron la mitad que en años anteriores, según el secretario general Fermín Farinha.
Montevideo fue una de las siete intendencias que optó por reglamentar la actividad sin una prohibición que luego no pudiera hacer cumplir. Fueron 62 los puestos habilitados para la venta en la capital –se volvió a consolidar el descenso–, con seis puntos intimados al cierre –dos de ellos, por ejemplo, por operar con personas no habilitadas por Bomberos– y otros 15 clandestinos que fueron clausurados. “Vemos un cambio notorio en la cantidad de fuegos que se tiraron en Navidad, y no es atribuible a un factor clima”, dijo el prosecretario Daniel González a El Observador.
Los importadores tienen desde el año pasado un informe del constitucionalista Martín Risso que establece la inconstitucionalidad de los decretos departamentales para prohibir una actividad y ya sacan cuentas.
“El siguiente paso va a ser medir el perjuicio ocasionado en esos departamentos, tomando como antecedente lo que antes se vendía ahí. A partir del año que viene haremos las demandas”, adelanta Méndez, quien asegura que las acciones van a ser según cada empresa. Prato, de Mundo Pirotécnico, confirma el rumbo, aunque sostiene que “son cosas que aún no se van a anunciar”.
A la espera del espectáculo de luces y explosiones que dé la bienvenida a 2023, el mundo de la pirotecnia sigue su declive y anticipa medidas para intentar frenarlo.
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