Que la Universidad de la República debe ser gratuita para los estudiantes de grado no tiene discusión ni en los ámbitos políticos nacionales, departamentales o universitarios. Incluso lo fija la Constitución. Que forma parte de la educación para una movilidad social ascendente, que es un factor igualador entre personas de distinto contexto económico-social. Pero sobre las maestrías, doctorados y especializaciones la discusión varía y, a juzgar por la última sesión del máximo órgano rector de la Udelar, el debate está abierto.
De los más de 300 posgrados que tiene la Universidad de la República, algunos son gratuitos y otros se cobran. Parte de esos recursos que se reciben sirven para financiar las becas y también los posgrados que no tienen ingresos genuinos. Pero, como ha sucedido anteriormente, la discusión sobre si se debería ir hacia una gratuidad del total de ellos (o cobrarlos todos) volvió y se manifestó en la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC) que se celebró este martes.
En una ordenanza que plantea cambios a la hora de las evaluaciones en los posgrados, parte del orden docente que participó en el CDC planteó la posibilidad, que cuenta con el apoyo de muchos decanos de ciertas facultades, de que se establezcan mínimos y máximos de cobro de un posgrado.
¿Con qué fin? Que los máximos sean cada vez menores y avanzar hacia una futura gratuidad (monto mínimo de cero). Esta propuesta fue discutida y si bien no ha quedado saldada, es algo a lo que –en palabras del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, en la sesión de este martes– es la dirección hacia la que se debe ir.
Participantes del CDC que estuvieron presentes en la sesión contaron a El Observador que la propuesta se debe evaluar.
Que en un plano ideal es "lógico" que los posgrados deberían ser gratuitos en una universidad pública. Pero que en los hechos, el presupuesto universitario no da para cubrirlos, y que por eso año a año, Rendición de Cuentas mediante, se pide una mayor asignación de recursos. Y que, también, aunque pueda sonar "feo" muchos de los que pueden cursar un posgrado tienen un desarrollo profesional que les permite pagarlos.
A su vez, señalaron que si la gratuidad se decretara en la actualidad, la mayoría de los posgrados se deberían cerrar porque no está el financiamiento y solamente quedarían unos pocos que podrían funcionar. Y que a su vez, afectaría al desarrollo de los estudiantes de grado (por la falta de ingresos) y de los docentes, porque esas horas que se les paga a los docentes de posgrado son horas que se pagan, en parte, con el cobro a los estudiantes.
"Nosotros podemos tener un criterio de política válido que todos los posgrados deben ser gratuitos. La consecuencia inmediata sería, y por eso no la comparto, es que algunos posgrados no se harían en la Universidad de la República y que encima dejarían de hacerse algunos que hoy son gratuitos", aseguró en la sesión el rector Rodrigo Arim.
Arim agregó que esta discusión, que si tal posgrado debe ser o no gratuito, marca una "ausencia política definida". "Poco favor le hacemos al desarrollo institucional y académico si el cobro o no de un derecho universitario para implementar un posgrado depende de la conformación circunstancial del cuerpo. Porque eso indica la ausencia política, que la Udelar no tiene una marco de política definido y dejó una rendija abierta para que en función relativa del CDC del momento, algunos pueden aprobar un posgrado o no".
Es que, cada posgrado debe ser presentado por cada Facultad en el CDC y ahí cuando anuncia si se va a cobrar y cuánto comienzan los cuestionamientos. "Tenemos que resolver de forma abstracta y general el problema para evitar circunstancias que son graciosas sino fueran un poco dramáticas, como que hay decanos y decanas que han tenido que postergar el tema con argumentos elípticos porque saben que una sesión particular pueden no tener los votos para aprobar el cobro y saben que 15 días después lo van a tener", agregó.
A su vez, Arim señaló que plantear esa medida a corto plazo puede llevar a que hoy haya financiamiento pero dentro de cinco años no y que esos estudiantes se vean perjudicados porque se debe determinar un nuevo cobro o porque el posgrado se cierra porque ya no se puede sostener. "Puede sucedernos que al cabo de cinco años los que llegaron últimos no tengan financiamiento", razonó.
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