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Industria levantó “efecto suspensivo” de recursos contra subasta del 5G y Ursec autorizó solo a Movistar y Claro a participar
Con diferentes actos administrativos, el Poder Ejecutivo confirmó este jueves que la subasta de tres bloques de espectro que se destinarán a tecnología 5G se realizará el martes 9 de mayo en la mañana.
La subasta ha sacudido al mercado de las telecomunicaciones, provocando diversas polémicas por el precio base fijado por el gobierno, la reserva de espacio a favor de Antel y la exclusión de una empresa que había manifestado su interés por participar.
Según dijeron a El Observador fuentes oficiales, este jueves el Ministerio de Industria terminó de levantar el “efecto suspensivo” de los recursos administrativos contra el decreto que aprobó el pliego de condiciones de la subasta, lo que dio vía libre a la Ursec para realizar el procedimiento competitivo.
A su vez, también este jueves, el directorio del regulador “convalidó” lo actuado por la comisión asesora, por lo que Movistar y Claro serán las únicas empresas privadas que podrán participar.
“Declárase que las empresas Telefónica Móviles del Uruguay S.A. y AM Wireless Uruguay S.A. han precalificado a la Instancia Final del Procedimiento Competitivo (IFP) para la asignación de derechos de uso de frecuencias radioeléctricas”, dice la resolución fechada el 27 de abril a la que accedió El Observador.
En total, se subastarán tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz, de los cuales uno (el de 3600 a 3700 Mhz) estará reservado para Antel, que pagará el promedio del valor al que se adquieran los otros dos. El precio base serán US$ 28 millones, US$ 6 millones por encima de lo que había calculado la Ursec.
Fuentes de la industria señalaron que se espera que la puja sea nula o mínima dado que hay dos lotes disponibles y dos empresas autorizadas. Los informantes agregaron que ambos segmentos (de 3300 a 3400 MHz y 3700 a 3800 MHz) son “igualmente adecuados” aunque la calidad de su explotación dependerá de la infraestructura que cada uno tenga.
Más allá del que ya tiene reservado, Antel tiene resuelto hacerse de alguno de los bloques en caso de que no sean adjudicados, dijeron fuentes de la empresa estatal.
Levantando los recursos
Aunque participarán, tanto Movistar como Claro interpusieron recursos administrativos contra el pliego de la subasta, algo que también hizo Dedicado, que no podrá competir.
Desde el gobierno dijeron a El Observador que también lo hicieron los cableoperadores, dado que en caso que se produzcan interferencias en las señales –algo que no ocurrió en las pruebas técnicas– es necesario que hayan recurrido el decreto y agotado la vía administrativa para poder reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El artículo 73 del Tocaf señala que los recursos que sean presentados en el marco de un procedimiento de contratación tendrán “efecto suspensivo” salvo que la administración considere que afecta “inaplazables necesidades del servicio o le causa graves perjuicios”.
En sus resoluciones, el Poder Ejecutivo consideró que la suspensión de la subasta iba a generar un “grave perjuicio al interés general” ya que impedía el cumplimiento de “objetivos fundamentales”.
Entre estos objetivos, según se desprende de una de ellas, mencionó la promoción del desarrollo y la inversión a largo plazo; la libre competencia y la libertad de elegir de los usuarios; la mejora de la calidad de servicios; el avance en el despliegue de 5G a nivel nacional, y la optimización del uso del espectro radioeléctrico nacional.
Los argumentos de las empresas
En sus escritos, Movistar, Claro y Dedicado plantearon diferentes argumentos para pedir la revocación de los decretos.
En el caso de Movistar, señaló que no han podido acceder a la red de fibra óptica de Antel, algo esencial para prestar el servicio y que la empresa pública se vio “beneficiada” por tener reservado su espacio algo que le permitirá desplegar la red antes.
A su vez, Claro agregó que estaba en contra del precio base fijado por ser “arbitrario” sin sustentos técnicos y dijo que hubo un “tratamiento diferenciado” en beneficio de Antel.
Dedicado, en tanto, cuestionó que no se subastara todo el espectro disponible, una opción analizada por el gobierno al comienzo, y reiteró sus críticas a las exigencias establecidas por el Poder Ejecutivo que provocaron que no pudiera participar.
El ministro de Industria, Omar Paganini, ha dicho que las exigencias no buscaban impedir la participación de alguien en particular sino que son similares a las que se pusieron en otros procedimientos competitivos.
Tras una comparecencia de Paganini y el directorio de la Ursec en el Parlamento la semana pasada, la comisión de Industria del Senado acordó –a instancias del senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez– citar a las tres empresas para los próximos días (antes de la subasta) a los efectos de conocer su posición respecto a todo el proceso.
