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Escándalo de las tarjetas de débito: el fiscal apelará la nulidad de la causa
El fiscal de la Plata Héctor Vogliolo adelantó que apelará en los próximos días la insólita anulación de la causa del escándalo sobre el cobro de empleados de la Legislatura Bonaerense a manos de un puntero del PJ dispuesta por un Tribunal que investigaba a Julio “Chocolate” Rigau, un puntero del PJ, por la utilización de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.
La Cámara de Apelaciones de La Plata había decidido archivar la investigación por deficiencias en el accionar policial que dio lugar a la detención de Julio “Chocolate” Rigau, quien fue sorprendido cuando sacaba dinero del cajero automático de 7 y 54, de La Plata, y dispuso su liberación.
Los jueces, en este caso, utilizaron la teoría del fruto envenenado que señala que las causas no pueden seguir adelante si fueron violadas las garantías del debido proceso.
La historia de “chocolate” llegó a los medios usando la policía lo requisó, le sacó 48 tarjetas de débito y unos 1.257.000 de pesos que se supone estuvo extrayendo durante varios minutos, tal cual denunció un transeúnte con un llamado al 911.
Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata. Entre los titulares de las tarjetas que se le encontraron al puntero había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar.
Se trataba de tarjetas con las cuales empleados de la Legislatura Bonaerense cobraban mensualmente el sueldo, y teniendo en cuenta el volumen de "plásticos" en su poder, se refiere a un monto mensual valuado en un millón y medio de pesos por día.
Justamente, los jueces Villordo y Benavides anularon la causa porque consideraron que la policía actuó sin previa autorización judicial y que siquiera Rigau sabía por qué lo detuvieron en ese momento.
Pero el camarista Mateos sí validó la investigación y sobre eso se va a apoyar el fiscal para recurrir a un Tribunal superior.
Los tiempos para apelar son de veinte días una vez notificado pero en el plazo de los primeros siete días deberá manifestar al Tribunal que dictó la resolución su voluntad de apelar a la Casación, caso contrario el fallo quedará firme y la anulación de la causa en consecuencia.
Tras recalar en la Cámara de Casación Bonaerense es allí la única chance que se tiene de definir si el caso se sigue investigando o no. El Tribunal no tiene plazos para resolver.
Mientras tanto, Rigau quedó en libertad y por el momento todas las medidas de prueba que tenía pendiente de realizar la fiscalía quedarán a la espera de la decisión judicial sobre si se vuelve o no a investigar.
