Terminar con las aves enjauladas

La confiscación de unos 90 pájaros capturados para el tráfico ilegal dejaron al descubierto lo difícil que es frenar un negocio del cual es cómplice cada uruguayo dueño de uno de estos animales autóctonos


Para que una familia uruguaya pueda tener en su casa un colorido pájaro, entre ocho y doce aves debieron morir antes, durante el proceso de adaptación al cautiverio. Durante su captura, los llamados “pajareros” debieron poner trampas con “llamadores” (un pájaro cantor para atraer a otros) o “pega-pega”. El último método implica justamente colocar pegamento en el alambrado. Muchas veces, al hacer fuerza para volar, se desgarran internamente y eventualmente mueren. Los traficantes luego las distribuyen, sobre todo en Montevideo, donde se venden en ferias como Tristán Narvaja y Piedras Blancas.

En Uruguay es ilegal cazar, capturar, vender y tener aves autóctonas, como el cardenal azul o amarillo. La Ley de Fauna protege a estas especies y prevé sanciones monetarias para los que la infrinjan, a quienes también se les confiscan las aves, jaulas, vehículos e instrumentos de caza. Según las autoridades, esto pasa más seguido de lo que la gente se entera. Para la ONG Aves Uruguay, estas acciones deberían ser más frecuentes de lo que son.

Liberadas


El 1º de julio, se confiscaron 90 aves autóctonas en Fray Bentos, Río Negro, en el marco de un procedimiento que terminó con la liberación de los pájaros en el bioparque M’Bopicuá, en dicho departamento. Dos de las aves estaban muertas y una quedó en custodia en la reserva para el programa de cría. Se trata de un cardenal amarillo, una especie en peligro de extinción.

El episodio fue el resultado del trabajo de funcionarios del Departamento de Fauna de la Dirección Nacional de Recursos Naturales (Renare), del MGAP, y de Aves Uruguay, una organización sin fines de lucro que funciona desde 1986. También intervino la Policía, que tiene autoridad para actuar en estos casos e incluso puede ser sancionada por no tomar medidas.

Adrián Stagi, cofundador de la ONG que colaboró con el procedimiento, contó que esta fue la primera acción conjunta con Fauna desde que en abril la ONG comenzara a recibir las denuncias. Stagi sirve de nexo entre la Aves Uruguay y Fauna: procesa las denuncias que llegan al correo secretaria@avesuruguay.org.uy y las comunica a Renare. Según explicó, uno de los objetivos es incentivar a las personas a que denuncien estas actividades ilícitas, ya que se cuida su anonimato.

Por su parte, la presidenta de la ONG, Inés Paullier, explicó que, gracias a este mecanismo, es la institución la que figura ante la Policía y Renare como autora de la denuncia. Esto, en su opinión, incentiva a actuar, ya que la gente muchas veces no denuncia “por miedo”, dijo. También se busca potenciar los esfuerzos de conservación de la ONG, que de nada sirven si los pajareros se quedan con las aves.

Hacer y decir


Otro gran objetivo de esta receptoría de denuncias es ayudar a “cambiar la imagen de Fauna, de la que todo el mundo se queja”, dijo Stagi, quien admitió que la intención también es presionar a estas autoridades para que actúen. La idea es llevar los registros de las denuncias y luego hacer un balance de en cuántas ocasiones se tomaron medidas.

Tanto Stagi como Juan Villalba, quien dirige M’Bopicuá, dijeron ser conscientes del “problema de la falta de recursos de Fauna”, quienes, al decir de Villalba, “hacen todo lo que pueden, lamentablemente, para lo que tienen”.

Por su parte, el director de Fauna, Jorge Cravino, dijo estar al tanto de esa “imagen negativa”, generada en gran parte por la desinformación. Es que las acciones que Renare sí hace (que son muchas, según Cravino), no suelen conocerse. “Nosotros no podemos hablar”, explicó, haciendo referencia al artículo (264) de una ley de 1996 (la 16.736), que obliga a los funcionarios del MGAP a “guardar secreto” acerca de la información obtenida en el desempeño de sus funciones. “Ese artículo es una mordaza”, sostuvo Cravino, quien agregó que ha propuesto “mil veces” que se derogue el artículo.

El director de Fauna, quien también es cofundador de Aves Uruguay, habló de la falta de recursos de Renare, sobre todo humanos. Contó que desde 1982 no hay vacantes en Fauna y que de seis inspectores solo quedan tres. El más joven tiene 55 años, igual que él.

Tantos años en ese puesto implica además ser “una cara conocida” para los infractores. “A nuestros inspectores los han amenazado, saben dónde viven, cuántos hijos tienen. En la feria de Piedras Blancas nos han sacado a punta de cuchillo”, contó Cravino.
A nuestros inspectores los han amenazado, saben dónde viven, cuántos hijos tienen. En la feria de Piedras Blancas nos han sacado a punta de cuchillo”, contó Cravino

Pero ni siquiera hace falta ir a la feria, explicó Cravino. A Fauna le basta conseguir la dirección del domicilio de los traficantes de aves u otros animales para ir, allanar el lugar y requisarlos. “La feria es la punta del iceberg”, explicó. Lo que también hace falta es, según el director de Fauna, militancia y compromiso por parte de las ONG y de la comunidad en general.

Según Villalba, quien lleva 42 años como consultor internacional en conservación de la naturaleza, también se trata de una cuestión de luchar contra una costumbre muy arraigada: la de tener aves enjauladas. Por eso, la solución que considera más viable es educar. “Que los niños sepan que, detrás de tener un ave enjaulada, hay algo muy cruel”.

Villalba también sugirió la creación de una Justicia especializada en medio ambiente. En tanto, Cravino propuso un Instituto Nacional de Vida Silvestre independiente, “con competencias y dinero específico”, que nuclee a todos los organismos nacionales del área.

Pero la advertencia final es hacia el ciudadano común, ese que quizá con la mejor de las intenciones compra un pájaro. Mientras halla gente que compre aves, en el tráfico ilegal habrá quienes las capturen, las vendan y vuelvan a capturar.

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