Olvidame pero no me borres

Una sentencia obligó a los buscadores a aplicar el derecho al olvido en Europa, donde los ciudadanos ya realizan más de 1.000 solicitudes de remoción de links por día. La norma enfrenta privacidad con libertad de expresión
Durante milenios la identidad real de una persona se construyó a partir de sus experiencias de vida, contextos familiares y cotidianos. Desde hace un tiempo, existe otra identidad, la virtual, que se compone de elementos tan diversos como un post de blog, el comentario que dejó en un portal o algo que publicó en una red social. Hoy ambas identidades son una, al menos en lo que tiene que ver con la forma en que otros nos ven o perciben.

Lo que se hizo o dijo, hecho y dicho está, pero en algunos casos puede perseguirnos hasta el final de nuestro días. Cada vez más, como consecuencia de internet y en particular de poderosos buscadores que todo lo encuentran, el pasado queda asentado de tal manera que hace imposible dejarlo atrás. Viktor Mayer-Shönberer, profesor de regulación de internet en Oxford, sostiene que “la belleza del cerebro humano es que nos permite olvidar, lo que nos permite pensar en el presente. Esto es necesario para ayudarnos a tomar decisiones”. Ahora casi nada se puede olvidar porque los recuerdos están al alcance de un clic.

Pero, ¿deben ciertos hechos ser olvidados? Si se eliminan de Google, para lo cual hay que borrar el contenido del sitio original, ¿desaparecerán de la memoria colectiva que, en algunos casos, será la materia prima de la historia?

Esta y otras dudas son motivo de discusión por estos días en Europa, sobre todo luego de que una decisión judicial determinara que los individuos tienen derecho a, en ciertos casos, pedir que se borre parte de su historial online.

Preguntas de difícil respuesta


El derecho a que te olviden (es decir, a que Google te olvide) se consagró luego de que en mayo de 2014 la Corte Europea de Justicia determinara que el buscador es un “procesador de datos” y, como tal, debe someterse a las reglas de protección de datos vigentes en la región. La normativa sobre este tema determina que los datos que se guardan sobre las personas no pueden ser “irrelevantes, desactualizados”, o supongan “una invasión a la privacidad”.

Esta normativa y sus consecuencias tienen tantas puntas que es imposible apoyarla o denostarla genéricamente. Por ejemplo, ¿podría un pedófilo, criminal o gobernante corrupto borrar de un buscador uno o varios links que le resulten molestos? Teóricamente sí. Pero la norma también podría ser utilizada con fines más éticos.

Por ejemplo, en la red existen sitios a los que se les llama de “venganza porno”, en los que amantes despechados cargan fotos comprometedoras de sus exparejas e incluso dan detalles personales, tales como nombre, dirección y teléfono. La intención es justamente que, cuando alguien busque el nombre de la persona en cuestión en Google, aparezca el link al sitio porno. Hasta ahora era muy difícil lograr que el buscador retirara estos links. Ahora deberá actuar, al menos si quien reclama es europeo.

La pregunta central de esta discusión es tan sencilla como compleja: ¿qué pasa cuando el derecho a la privacidad colinde con el derecho de libertad de expresión?

El caso cero


Todo comenzó en 2010, cuando el español Mario Costeja González demandó al diario español La Vanguardia, solicitando que borrara una serie de artículos publicados entre enero y marzo de 1998, en los que se informaba sobre un remate de una propiedad suya debido a una deuda. La agencia española protectora de datos no dio lugar a este reclamo porque la información era correcta. No obstante, el tema llegó hasta la Corte Europea.

Allí, Costeja alegó que, tanto el sitio del periódico como Google, debían eliminar esa información que seguía apareciendo de forma prominente cuando se realizaba una búsqueda bajo su nombre. En su opinión este tema ya no tenía relevancia respecto a su situación presente, por lo cual infringía su derecho a la privacidad.
Es como un estigma. Y quiero que se corrija”, dijo la gimnasta Marta Bobo. “Los periódicos dicen que el responsable es el buscador y el buscador culpa a los periódicos”, agregó

La Corte decidió que en Europa debe respetarse el derecho al olvido y que esta responsabilidad la tienen los buscadores de internet, no los sitios periodísticos. Si se tiene en cuenta que Google se lleva más del 95% de las búsquedas del mundo, la tarea le compete casi de forma exclusiva al gigante de internet.

Como consecuencia, en Europa se puede solicitar que se elimine de los resultados de una búsqueda específica un link, pero la página web que generó esa URL seguirá existiendo en el sitio en que originalmente se publicó, en este caso, un diario online. Es más, ese link podrá aparecer en búsquedas que no incluyan, para seguir con el caso de Costeja, su nombre. Por ejemplo: “Hombre que demandó a Google porque le remataron su casa”.

El sistema es complicado. Si ahora usted está en Europa y googlea “Mario Costeja González”, el buscador le devolverá un listado de links en el que no estarán los artículos por los que reclamó. En cambio, si quien busca utiliza otros términos diferentes a su nombre, que incluyan datos sobre el caso que lo involucró, por ejemplo, las mismas páginas web que Costeja pidió bloquear seguirán apareciendo. En conclusión, la búsqueda se hace más complicada pero los artículos o páginas originales sobreviven.

Además, esto solo rige para la versión europea de Google. Si la búsqueda se realiza en la página “internacional” (google.com) o incluso en la de Uruguay (google.com.uy), las restricciones no aplican. Basta cambiar la URL por defecto que surge en España (google.es) o Italia (google.it), por ejemplo, para acceder a todos los resultados indexados. David Drummond, jefe de asuntos legales de Google Europa, comparó esta nueva realidad con un libro que puede estar guardado en una biblioteca pero que no se puede ingresar al catálogo que consultan los usuarios para encontrarlo.

No todo es malo


Existen casos “positivos” derivados del olvido digital. Uno de ellos es de la gimnasta olímpica española Marta Bobo, quien participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Durante décadas, entre los primeros resultados que se veían al realizar una búsqueda con su nombre era un artículo del diario El País de España titulado: “Marta Bobo tiene anorexia”. Hasta el día de hoy, si se busca en google.es, surgen en los primeros puestos notas periodísticas relacionadas con el tema, a pesar de que la atleta ha declarado que nunca tuvo esta enfermedad y que el dato fue filtrado por integrantes de la federación de gimnasia que no la querían en los Juegos.

En 1984, Bobo tenía 18 años e internet era solo una promesa, pero El País había comenzado a digitalizar sus artículos. “Es como un estigma. Y quiero que se corrija”, dijo Bobo. “Los periódicos dicen que el responsable es el buscador y el buscador culpa a los periódicos”, agregó.

Para ser olvidado


Existen innumerables posibles casos en los que el derecho al olvido constituiría una franca contravención a la libertad de expresión. ¿Qué hubiera pasado si Hitler le pedía a Google que retirara los links que lo describían como un monstruo megalómano cuyas acciones generaron la muerte de millones de personas? El ejemplo es extremo pero ayuda a ilustrar su peligrosidad.

De hecho, según la normativa, su requisito tal vez tendría andadura porque está desactualizado, considerando que ya pasaron casi 70 años desde su gobierno. Pero también se daría de lleno contra otras convenciones tales como que la información fuera “inadecuada o relevante” para poder ser borrada. Ciertamente no hay forma de discutir que lo que hizo Hitler tiene “relevancia pública”, otra de las características que protege ante el derecho al olvido.

Todo indica que no es soplar y ser olvidado, pero los vacíos de esta regulación que deja demasiadas decisiones en manos de Google podrán generar situaciones complicadas.

El nuevo derecho al olvido europeo ya generó interés de empresas que trabajan en el área de reputación online. La francesa Reputation VIP, por ejemplo, creó el sitio web forget.me que simplifica el proceso. El usuario debe elegir qué links desea que sean “olvidados”. También es posible realizar directamente este procedimiento en Google, accediendo a un formulario online. Allí ya se reciben más de 1.000 solicitudes diarias.

De forma paradójica, la lucha que empezó Costeja González para preservar su privacidad y borrar de su historial online episodios de su vida que consideraba muertos y sepultados lo ha hecho tan famoso que ahora aparece en todas las búsquedas que se hacen bajo su nombre. Al ingresar “Mario Costeja Conzález” en la versión española de Google, el primer link dice: “La inolvidable historia del embargo al moroso Mario ...”, seguido de otras páginas que se refieren a sus 15 minutos de fama conseguidos gracias a la guerra con el gigante tecnológico. Es más: se hizo tan popular que ya activa la búsqueda predictiva y basta poner “Mario Cost…” para que Google adivine, busque y recuerde quién es.

 


Cuatro preguntas clave sobre el derecho al olvido


 

¿Se borran páginas de internet para eliminar todo dato sobre quien presenta una queja?

No. Google (y supuestamente otros buscadores tales como Bing) deben borrar los vínculos que llevan a sitios web, pero las páginas originales permanecen tal cual fueron publicadas. De esta manera, se hace más difícil para el usuario promedio encontrar un artículo en particular.

En el caso del árbitro que fue acusado de recibir dinero ilegalmente, se podrían encontrar links a artículos publicados por el periódico The Guardian o por la cadena BBC, por ejemplo, pero no si la búsqueda que se ingresa es “David McDonald Guardian”.

Si el usuario vive en Europa y busca el Google un nombre, verá en la parte inferior de la página la advertencia: “Algunos resultados pueden haber sido removidos de acuerdo a la ley de protección de datos de Europa”. Esto no significa que esa búsqueda en particular haya sido cambiada luego de un pedido de derecho al olvido.

¿Quién se encarga en Google de procesar estos pedidos de “olvido”?

La compañía ha dicho que se contrató a un “grupo” de personas que estudian los pedidos. Luego de que la Corte europea juzgara sobre el asunto llegaron a presentarse hasta 10.000 solicitudes por día, que luego se estabilizaron a unas 1.000 en promedio. Hasta principios de julio se habían recibido 70.000 pedidos, con Francia a la cabeza, seguida de Alemania, Gran Bretaña, España e Italia.

¿Cómo decide Google qué solicitudes generarán cambios en las búsquedas?

No está claro cómo es el proceso. En al menos un caso, que involucra al diario The Guardian, se removieron links a artículos relacionados al juez de fútbol corrupto, se notificó al medio de la decisión, pero ante la protesta del diario, Google dio marcha atrás y los volvió a incluir en la búsqueda.

La pieza “floja” de este rompecabezas parece ser el hecho de que no es una corte de justicia la que decide, ni siquiera un organismo independiente creado con tales fines, sino los propios empleados de Google. Claro que la empresa puede derivar las solicitudes de “olvido” a los comisionados que existen en cada país para que ellos decidan. O incluso podría rechazar cada pedido y decirle a quienes lo solicitan que recurran a una corte nacional. Esto está previsto en la sentencia de la Corte y de hecho serviría para generar jurisprudencia sobre en qué casos se aceptó o rechazó una solicitud y en base a qué parámetros.

¿Todos los buscadores que funcionan en Europa deben atenerse a estas normas?

Deben hacerlo todos los buscadores que tienen base en Europa. DuckDuckGo, por ejemplo, es un buscador “alternativo” al que se podría recurrir para hacer una búsqueda sin “olvidos”, porque no tiene sede fuera de Estados Unidos, pero funciona en los países europeos.


Populares de la sección

Comentarios