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Un informe de una ONG asegura que el gobierno de Duque ha fracasado en combatir la violencia
Colombia es un país que es percibido como inseguro por sus propios habitantes, de acuerdo con una encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre Convivencia y Seguridad realizada en 2021. Un cuarenta y cuatro por ciento de los encuestados manifestó sentirse inseguro, una cifra superior en un cinco por ciento a la registrada por una encuesta similar el año anterior. El porcentaje aumenta al cincuenta por ciento si se tiene en cuenta sólo a quienes viven en los grandes centros urbanos.
La realidad del país abona la sensación descripta por la encuesta, según un informe del Programa Somos Defensores, un espacio que vela por la protección y prevención de las agresiones contra los defensores de los Derechos Humanos y lideres sociales.
El informe abarca básicamente el último año del gobierno de Ivan Duque y fue denominado “Teatro de Sombras”, ya que, según el organismo, la política del gobierno ha consistido en una puesta en escena que con medidas propagandísticas y golpes de efecto proyectaba una imagen muy diferente a lo que ocurría en realidad, especialmente con respecto a las agresiones contra militantes por los Derechos Humanos.
Según la investigación, 2021 ha sido el año más violento de los últimos doce años, registrándose novecientos noventa y seis agresiones, casi tres por día, un incremento del tres por ciento con respecto a 2020. Más del setenta y cinco por ciento de las agresiones se concentraron en nueve departamentos y en Bogotá. La región donde más agresiones se registran durante los últimos cinco años es el Cauca. Y casi un centenar de estas se produjeron en las llamadas Zonas de Intervención Integral, en las que las Fuerzas Armadas participan en operaciones de seguridad.
Para Somos Defensores, los activistas de Derechos Humanos son el grupo de personas más agredido, con un notable incremento del sesenta y dos por ciento con respecto al año anterior.
Durante 2021 fueron asesinados ciento treinta y nueve militantes en un marco general donde la tasa de homicidios es la más alta de los últimos siete años, 26 personas cada cien mil habitantes. El aumento de homicidios se centra también en lideresas sociales, en miembros de las Juntas Comunales y líderes indígenas.
En el primer trimestre del año en curso, los asesinatos de militantes sumaron cincuenta y tres, contra veintiocho del mismo período del año anterior. Los departamentos que están a la cabeza en estos crímenes son Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander.
Según Somos Defensores, la estrategia del gobierno para hacer frente a la violencia sistemática contra militantes y lideres sociales fue la de instrumentar lo que denominó “paz con legalidad”, que no sólo fracasó en detener la violencia, sino que sirvió de pantalla para desconocer importantes herramientas del Acuerdo de Paz de 2016.
El documento marca las críticas al accionar gubernamental, a la inacción de los organismos encargados de brindar seguridad, a la persistencia en los cuerpos policiales y de seguridad de prácticas y personas comprometidas con intereses al margen de la ley. Concluye finalmente en que la falta de voluntad política para instrumentar de manera integral los acuerdos de Paz, la persistencia de grupos armados ilegales y la ausencia de una política efectiva de desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado, son factores que inciden negativamente en la posibilidad de disminuir la violencia en Colombia.
Para la organización, el documento puede servir a una nueva Administración, que “tome nota sobre la importancia de incluir en sus programas de gobierno el tema de garantías para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos”.
La expectativa mencionada tiene posibilidades de hacerse realidad con la asunción de Gustavo Petro que acaba de ganar las elecciones y ya es presidente electo de Colombia.
En su plataforma de gobierno, los cambios en las fuerzas de seguridad y la “desmilitarización de la vida social”, el respeto a los Derechos Humanos y la necesidad de preservar a los dirigentes sociales junto a la plenas instrumentación de los acuerdos de Paz, son parte fundamental de una política que se espera cambie drásticamente el escenario político del país.
