Planillas puertas abiertas, el otro mecanismo que Irene Moreira usó de “manera arbitraria” y sin “fundamento legal”

Se trata del procedimiento de Planillas puertas abiertas, creado por la administración Moreira y que fue aplicado entre los años 2020 y 2023 de “manera arbitraria y carente de fundamento legal alguno”, dice el informe de la directora de la División Jurídica del ministerio, Marcia Senattore.

Su informe es a partir de la investigación administrativa y fue elevado al ministro Raúl Lozano que, en su resolución, evitó tomar los pasajes que cuestionaban más duramente a la ministra.

¿Qué son las Planillas puertas abiertas? Son un procedimiento creado por esta administración en el que cada 20 días o un mes se derivaban pedidos “en su mayoría” por parte de autoridades, ya sea la ministra u otros jerarcas del ministerio como el exjefe de gabinete de la ministra Gonzalo Reissig.

La instructora de la investigación, Daiana Da Silva, tomó conocimiento de su existencia a través de la declaración de uno de los testigos, un pasante de trabajo social, y luego fue confirmado por otros funcionarios. Eran planillas, dijeron todos los testigos citados, que se elaboraban en la secretaría de la exministra y eran derivadas a la Dirección Nacional de Vivienda para el análisis de cada situación particular.

Incluso, dice el informe de Senattore, cuando la exministra fue interrogada sobre la elaboración de esas planillas, alegó que fueron confeccionadas por la División Articulación y Gestión, mientras que “todos los testigos, sin excepción, indicaron que fueron confeccionadas en la secretaría de Moreira”.

“Surge con claridad entonces, que la ex ministra no prestó la colaboración debida a efectos de esclarecer los hechos que constituyen el objeto de esta investigación”, dice el documento al que accedió El Observador.

A esos casos se le realizaba informe social y luego se analizaba en una “mesa de trabajado” de la que participaban asesores de la exministra y otros integrantes del ministerio como el exdirector nacional de Vivienda y asesores del subsecretario Tabaré Hackenbruch, entre otros. En esa mesa se analizaba el informe social y se resolvía “en algunos casos otorgar subsidios de alquilar o canastas de materiales, autorizaciones de ingresos u otras soluciones habitacionales”.

Hay dos casos que aparecen en esas planillas sobre los que también hubo un pedido de la ministra de realizar una adjudicación directa a través de los "cupos reservados". Surge también de los testimonios de los testigos que quienes llegaban a través de las planillas recibían un trato preferencial.

Foto: Leonardo Carreño.

Más cuestionamientos

El informe de la instructora señala que en su declaración Moreira dijo que todas las personas o familias derivadas a través de las Planillas de puertas abiertas eran de “extrema vulnerabilidad o de emergencia habitacional”. Sin embargo, dice el informe, que si bien había personas de bajos ingresos también había personas derivadas por ese mecanismo que tenían salarios de hasta $ 70 mil.

“No se puede concluir que todas las familias eran de contextos de extrema vulnerabilidad”, asegura.

El informe va un poco más allá y dice que si la ministra “anhelaba” crear un programa como el de Planilla puertas abiertas para “adjudicar viviendas en forma directa” en base a “los poderes de discrecionalidad que gozaba como jerarca de la cartera” lo tendría que haber hecho con procesos “claros, precisos y congruentes” para no incurrir en “arbitrariedad o desviación de poder, vicios que dañan irremediablemente el obrar administrativo”.

Para la instructora se observa, tanto en los cupos reservados que ya se conocían públicamente como en los procedimientos de las mencionadas planillas, “una flagrante violación de los principios de igualdad y buena fe” porque las personas seleccionadas tenían “no solo un trato preferencial con relación al resto de los ciudadanos, sino que además, en algunos casos, accedieron” a soluciones de diversa índole “sin cumplir con los procedimientos habituales” de la cartera.