Organizaciones indígenas reclamaron que se prohíba la explotación petrolera en la Amazonía

"Para los pueblos indígenas la Amazonía es todo, su vida. No solo cuida a los indígenas, cuida al planeta", explicó la activista indígena peruana Olivia Bisa, que lamenta que ningún tratado contenga "normas que pongan fin al extractivismo" de hidrocarburos y minerales.

Los derrames de petróleo, con la consiguiente contaminación de ríos, alimentos y pérdida de biodiversidad, además de la deforestación, afectan de lleno a buena parte de los 50 millones de personas que viven en la selva amazónica, región que comparten 9 países, denunciaron los activistas en paralelo al desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

"No somos una traba, queremos desarrollo, pero mediante alternativas que no impacten en los ecosistemas del planeta", explicó Bisa, que rechaza que se piense que prohibir los hidrocarburos es "un capricho de los pueblos indígenas".

Según la organización Oxfam, en los últimos 25 años se han registrado cerca de 600 derrames sólo en la Amazonía peruana, en gran medida debido al mal estado de los ductos, las fallas de la infraestructura petrolera y los sabotajes.

Situadas en su mayoría en la Amazonía andina que comparten Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, el 43% de las explotaciones petroleras se ubican en áreas protegidas y territorios indígenas, según datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RASIG).

“Agobiadas por el peso de la deuda, muchas economías latinoamericanas pagan más ya en intereses que lo que destinan a educación, salud, seguridad o adaptación climática. Los países de la región padecen un círculo vicioso”, recordó la economista boliviana Carola Mejía, de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd).

"Los altos niveles de endeudamiento presionan a los gobiernos para invertir en industrias extractivas, haciendo que muchos autoricen la explotación en áreas protegidas”, enfatizó la economista durante el seminario "Salvaguardar la Amazonía: un llamado a favor de una Zona de No Proliferación de Combustibles Fósiles", que se desarrolló al margen de la Asamblea General de la ONU.

El pasado agosto, en un referéndum histórico, los ecuatorianos decidieron detener la explotación de un lote en la gran reserva del Yasuní. Aunque se trata de una gota en el océano extractivista en esta zona protegida, muchos lo han visto como un ejemplo a seguir.

Un entusiasmo, sin embargo, fue rápidamente mitigado por los planes del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunció un proyecto de US$ 69.000 millones en el sector de los hidrocarburos para los próximos años, a pesar de haber lanzado en innumerables ocasiones  mensajes en favor de la protección de la Amazonía y en contra de los combustibles fósiles.

Por lo pronto, durante la asamblea de la ONU, numerosas voces resaltaron la necesidad de una nueva arquitectura financiera mundial y enfatizaron la necesidad que los países del norte concreten sus promesas de inyectar fondos para ayudar al sur global en la transición energética.

En la cumbre regional amazónica convocada en agosto por Lula da Silva, los países de la región pidieron a las naciones industrializadas unos US$ 200.000 millones al año hacia 2030 para la conservación de la biodiversidad.

Pero no sólo la minería y la actividad petrolera amenazan la Amazonía. También la expansión de la frontera agrícola, que redujo a cenizas un proyecto que replantaba cientos de miles de árboles en una reserva natural en Brasil.

Lanzada en 2019 por el grupo de investigación medioambiental Rioterra, la iniciativa de reforestación replantó 360.000 árboles en 270 hectáreas de bosque, que habían sido arrasadas ilegalmente por la ganadería en el estado norteño de Rondonia.

“La idea era ambiciosa: salvar un rincón de la mayor selva tropical del mundo, luchar contra el cambio climático y crear empleos sostenibles”, dijo Alexis Bastos, coordinador del proyecto de Rioterra.

Sin embargo, cuando la tierra volvía a ser un bosque verde esmeralda, cuyos árboles jóvenes ya habían absorbido unas 8.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, todo ardió.

Los investigadores concluyeron que el incendio, que comenzó el 3 de septiembre, fue provocado, según un informe forense de la agencia federal de medio ambiente de Brasil.

Se sospecha de acaparadores de tierras que pretenden convertir el territorio en pastos para el ganado. "El motivo probable era obstruir el proceso de restauración ecológica de la zona", afirma el documento.

El proyecto está situado en la parte suroeste de la Reserva Natural Estatal de Rio Preto-Jacundá, de 95.000 hectáreas, en una zona tan alejada de los centros urbanos que el personal de Rioterra tardó un día en llegar al lugar.

"Fue horrible. La gente no tiene ni idea de lo que hicimos para restaurar ese bosque. Era un proyecto a gran escala", dijo Bastos, quien especificó que la iniciativa costó casi un millón de dólares y dio empleo directo a más de 100 personas.

Además de ayudar en la lucha contra el cambio climático, pretendía proporcionar una fuente sostenible de ingresos a residentes locales, por ejemplo con la plantación de palmeras de "açaí", un "superalimento" que ha desatado una moda internacional por sus propiedades nutritivas y antioxidantes.

El proyecto, no obstante, no fue bien recibido por algunos habitantes de la región, hogar de una poderosa industria ganadera. Los investigadores afirman que la reserva Rio Preto-Jacundá está bordeada por ranchos con un historial de delitos ambientales, incluidas repetidas usurpaciones de la reserva.

“Ni la actividad petrolera ni la minería han traído desarrollo en la selva amazónica. Es una gran mentira. En los cincuenta que llevan las compañías trabajando no han construido ni una escuela ni un centro de salud", denunció Bisa en el marco de la reunión de la ONU celebrada esta semana en la ciudad de Nueva York

(Con información de AFP)