La ley de Inclusión Financiera, votada en 2014 durante el segundo gobierno del Frente Amplio, fijó restricciones para el uso de dinero en efectivo. A partir de allí la reglamentación estableció desde 2018 que todo pago de operaciones que superaran las 40 mil Unidadades Indexadas (hoy unos US$ 6.000) se debían abonar obligatoriamente con medios electrónicos. Entre ellas la compraventa de inmuebles y automóviles, y el pago de todo tipo de servicios.
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