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La “sala de desastres” que el Sinae construirá en la Torre Ejecutiva para monitorear las crisis climáticas
Sobre la madrugada del 8 de marzo, un temporal en Río Negro y Soriano destrozó algunas viviendas e inundó calles de los dos departamentos.
Pocos días después, la llegada de una nueva tormenta tras varios días de lluvias obligó al gobierno a emitir una alerta roja para el suroeste, centro y norte del país, que desembocó en corte de rutas, el desborde de arroyos y ríos, y provocó que más de seis mil personas debieran ser desplazadas de sus hogares por las crecidas.
Aunque las lluvias mermaron, las alarmas continuaron encendidas porque el crecimiento del río Santa Lucía superó la cota de seguridad en Aguas Corrientes, la zona donde se ubica la principal planta potabilizadora de OSE, lo que motivó que las autoridades debieran implementar un plan de contingencia para evitar que se afecte el suministro de agua de Montevideo y sus alrededores.
Estos eventos extremos climáticos, que los científicos coinciden en que se repetirán con cada vez más frecuencia en los próximos años, pusieron de manifiesto la necesidad de coordinar respuestas rápidas para prevenir mayores daños.
Por eso, una de las medidas que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se propone implementar es la creación de una “sala de desastres” que tendrá como objetivo reunir en un solo lugar toda la información con la que cuenta el Estado.
La intención es que esté ubicada en el cuarto piso del anexo de la Torre Ejecutiva, donde actualmente funciona la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), y que tenga acceso a las diferentes bases de datos del gobierno para poder mostrar en un único panel todo lo que ocurre.
Así, si se registra un temporal en Colonia, el panel mostrará los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para la zona, la cantidad de personas sin conexión a UTE, los reportes de las redes de OSE y las mediciones de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) sobre los ríos y arroyos que pueden provocar inundaciones, pero también cortar accesos e incluso llegar a aislar algunos pueblos.
Reunir toda la información en un solo lugar permite tomar mejores decisiones, explicó el director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, a El Observador.
El jerarca destacó que la idea viene siendo trabajada desde hace meses y mencionó que la mayoría de los datos ya están, pero que actualmente son procesados de forma interna por los organismos, y que lo que buscan con este desarrollo es que los implicados tengan acceso a otra información que les permitirá responder más rápido e incluso prevenir otras situaciones.
"La idea es replicar todas las salas de situación que hay en el país, hacerlas interoperables, integrar todo, y tener un centro de monitoreo. Tener todos los organismos especializados en un solo lugar, porque ahí podés ver las amenazas, la exposición que tiene el país", dijo.
Una muestra de esa coordinación que buscan fue que el anuncio de la alerta roja fue realizado por el jefe de pronósticos de Inumet, Néstor Santayana, junto al coordinador de la Sala de Situación y Pronóstico de la Dinagua, José Valles.
Zona de riesgo
Dentro de la información con que cuenta el Estado, en 2022 la Dinagua terminó un relevamiento que identificó 11 ciudades o localidades que tienen un “riesgo muy alto” de sufrir inundaciones. Entre ellas están Mercedes, Durazno, Artigas, Paysandú, San José de Mayo, Santa Lucía, Treinta y Tres, Salto, Paso Carrasco, Ciudad del Plata y Juan Lacaze.
En tanto, otras 14 (Canelones, San Carlos, San Gregorio de Polanco, Montevideo, Melo, Rosario, Tacuarembó, Bella Unión, 25 de Agosto, Florida, Río Branco, Paso de los Toros, San Javier, Colonia del Sacramento y Paso Severino) presentan un “riesgo alto”. En total, son 157 las localidades que tienen algún nivel de riesgo de inundaciones.
El trabajo identificó, a su vez, que unas 100.000 personas viven en áreas inundables en todo el país. Barra de Carrasco y Paso Carrasco en Canelones, Juan Lacaze en Colonia y Ciudad del Plata en San José son las que tienen el mayor porcentaje de hogares afectados en relación con su población.
También hay 38 localidades en las que viven 22.943 personas que pueden quedar “completamente desconectadas” de forma terrestre por el corte en las rutas de acceso. Entre ellas se destacan Rosario en Colonia (10.085 habitantes), Minas de Corrales en Rivera (3.788), Cebollatí en Rocha (1.609), General Enrique Martínez en Treinta y Tres (1.430) y Pueblo Sequeira en Artigas (1.149), aunque también hay otros 33 pueblos de menos de mil habitantes en todo el país.
Corregir todas estas situaciones supone inversiones millonarias. De acuerdo con Dinagua, la brecha de infraestructura hídrica del país asciende a US$ 2.600 millones. El trabajo, elaborado en conjunto con las intendencias, señala que Montevideo necesita inversiones por unos US$ 600 millones, aunque otros trabajos realizados por técnicos de la propia comuna llegan a hablar de US$ 1.630 millones de cara a 2050.
