Impuesto a la banca “estilo Sánchez”: además del fiasco italiano, otros países siguen a España

Así nació el impuesto temporal por el lapso de dos años que grava con un 4,8% intereses y comisiones netas de los seis grandes entidades que cotizan en la Bolsa.

Aunque la naturaleza transitoria quedó en el camino. En el pacto PSOE-Sumar, un primer paso en el intento de formar Gobierno, Sánchez anunció como parte del acuerdo que el gravamen pasaría a ser permanente. Es que viene funcionando muy bien.

En este año la banca ya pagó 1263 millones de euros. Los resultados a septiembre alcanzaron casi 20.000 millones de euros, igualando prácticamente a todo el 2022. 

Pero no fue el único que vio la oportunidad. O la necesidad de que la banca "comparta".

El año pasado, Hungría introdujo un gravamen por dos años destinado a varios sectores con el propósito de recaudar 4.600 millones de euros, de los cuales algo más de la cuarta parte provendria de los bancos.

El impuesto apunta a los beneficios netos y no a las ganancias con una tasa del 10% en 2022 y 8% en 2023.

Es bastante usual que el Gobierno húngaro eche mano al sector en tiempos de necesidad. Desde 2010 pagan un tributo basado en el valor de sus activos y en 2020 debieron afrontar una carga por única vez para ayudar a mitigar los efectos de la crisis del COVID.

La República Checa y Lituania son otros dos ejemplos perfectos del "modelo Sánchez" orientados a capturar las ganancias "excesivas" de la industria.

En el primer caso, el de Checa, el golpe fue un impuesto por dos años del 60% sobre las ganancias que excedan 120% su promedio anual entre 2018 y 2021. A lo que hay que sumar, de paso la tasa corporativa del 19%.

Junto con un impuesto similar a las compañías energéticas (cualquier coincidencia es meramente azarosa), las autoridades esperan recolectar 3.500 millones de euros por año, un poco más del 1% del PBI.

En Lituania, por su parte, el impuesto recae sobre el ingreso por intereses neto y tiene un objetivo abiertamente declarado: conseguir 400 millones de euros para gastos militares, de defensa y transporte.

Finalmente, esta solicitud de solidaridad vía impuestos está bajo consideración en dos países que solo ultiman detalles.

Latvia podría llegar a recaudar 140 millones de euros en un impuesto adicional sobre los beneficios según una propuesta que obligaría a los bancos a pagar anualmente y no cuando distribuyen dividendos y que será incluida en el presupuesto 2024. 

El sector financiero del país báltico está dominado por grandes jugadores nórdicos que vieron explotar sus ganancias hasta 95% por la prevalencia de tasa flotante en los préstamos otorgados.

Estonia planea llevar la tasa de su tributo bancario de un nivel de 14% a 18% como parte de una serie de medidas impositivas que buscan achicar el déficit. 

El escándalo italiano

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, no debe saber dónde esconderse. 

Su impuesto a la banca, que en su momento provocó un escándalo fellinesco por no mencionar las pérdidas millonarias de las entidades en Bolsa, finalmente no va a recaudar un euro.

Repasemos. La intención original era imponer un impuesto por única vez del 40% al ingreso neto por intereses.

La decisión fue comunicada a última hora y en la rueda del día siguiente las entidades perdieron 10.000 millones de euros en capitalización bursátil o valor de mercado. 

La información era confusa. Había un problema de credibilidad y era necesario hacer control de daños. Incluso llegaron advertencias del Banco Central Europeo.

El Gobierno salió entonces a aclarar que habría un techo a esta "contribución" equivalente al 0,1% de los activos para preservar la estabilidad de los bancos. 

Distintas modificaciones fueron diluyendo el impacto de la medida original. De los 4.500 millones de euros que se esperaban recaudar en un principio, hacía el final del proceso se calculaba algo menos de 3.000 millones.

El broche de la historia lo puso el Parlamento. Habilitó a los bancos una alternativa: en lugar de pagar el impuesto, apartar reservas por 2,5 veces el monto a tributar de modo de reforzar el colchón de capital. 

Intesa Sanpaolo SpA y su rival UniCredit SpA ya anunciaron que se inclinarían por esta última opción. Ya son 1.200 millones de euros que no irán a las arcas públicas de Roma. Y las entidades se siguen sumando. 

Ese dinero no puede repartirse entre los accionistas pero al menos, a diferencia del impuesto, tiene la ventaja de no afectar su remuneración.

"Por años los bancos estuvieron luchando en un entorno de tasas cero. Nadie rogó, ni tendría que haberlo hecho, por ayuda o subsidios. Ahora que finalmente hay cierta normalización, el Gobierno quiero confiscar nuestras ganancias", decía un banquero.

El malestar crece también en España. En especial con la idea de darle permanencia al impuesto, cuando la economía puede aún debilitarse más y la concesión de crédito deteriorarse.