El gobierno mexicano localizó a 16.681 personas desaparecidas, la mayoría desde 2006

Tras depurar desde mayo pasado la base nacional, que reporta casos desde los años 1960, se encontró que "de 110.964 registros de desapariciones, 15% ya están localizados", dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia presidencial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció meses atrás que se revisaría detalladamente el registro nacional de desapariciones por considerar que fue gestionado de manera maliciosa o está desactualizado.

La Gobernación procedió a revisar los registros oficiales, como pago de impuestos, servicios de salud o escolares, entre otros, para determinar si existían indicios de vida de los desaparecidos.

Alcalde detalló que encontraron pruebas fidedignas del paradero de 16.681 personas. De éstas, a 3.945 las encontraron en sus casas y cuentan con pruebas de vida de 8.405 entregadas por autoridades locales.

También hallaron que 197 están encarceladas y que 4.134 fallecieron. La funcionaria dijo además que "existen importantes indicios de localización" de otras 17.843 personas, reportadas en la misma base de datos de desaparecidos.

Según el gobierno, de los más de 110.000 casos que revisaron, sólo en 12.377 (11%) encontraron elementos que confirman la desaparición, pues son objeto de investigaciones en fiscalías locales.

Este proceso fue blanco de críticas por parte de los organismos defensores de Derechos Humanos, políticos de la oposición y colectivos de familiares de desaparecidos. La extitular de la comisión nacional de búsqueda de desaparecidos, Karla Quintana, renunció en agosto pasado por estar en desacuerdo con la manera en que se estaba actualizando el registro.

El registro incluye casos desde 1961, pero la gran mayoría de las desapariciones se acumularon desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar contra los carteles de las drogas.

Uno de los casos más emblemáticos es la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en estado de Guerrero, al sur del país, en septiembre de 2014. Hasta la fecha, sólo se encontraron restos óseos de tres de las víctimas, desaparecidas en manos de narcotraficantes presuntamente vinculados con autoridades policiales y militares.