El Estado español decide volver a Telefónica: 26 años no es nada 

Si no hubieran sido los saudíes, algún otro inversor se hubiera encargado de provocar esa onda expansiva de conmoción en un sector cada vez más salvajemente competitivo y dinámico. Y pensar que en 1997, cuando se completó la privatización, se hizo bajo el argumento de impulsar la competencia, una liberalización en la que el Estado no podía ser accionista y regulador. 

Pero para paradojas, una que amerita un tango. Bueno, una alusión tanguera. El presidente José María Aznar (PP) terminó en 1997 con la privatización del 21% que el Estado mantenía en el capital, tarea que había iniciado dos años antes, Felipe González (PSOE) al vender el 12%.

La oferta pública de venta del 97 supuso un ingreso a las arcas públicas de unos 620.000 millones de las pesetas de entonces (equivalentes a 3.720 millones de euros). 

De comprar un 10% de Telefónica, como expresó el presidente Pedro Sánchez (PSOE) que es su intención, debería desembolsar unos 2.000 millones de euros (la cotización del papel sufrió embates durísimos y sigue sin poder cruzar los 4 euros). 

A los precios de la salida a bolsa de 1997, ese 10% tenía un valor de unos 1.800 millones de euros.

Prácticamente lo mismo que hoy. Es que 26 años no es nada, cantaría en una versión levemente modificada “a pedido” Carlos Gardel. Y volver, siempre es difícil volver, y a veces -como en este caso- se vuelve con la frente marchita. 

Nos quedamos cortos

El comentario aplica también en otro sentido. A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial que eligió Sánchez para volver a poner un pie en los directorios (no sólo Telefónica), no le alcanza la plata.  

La Sepi sólo tiene 454,69 millones de euros en caja, según el Consejo General de Economistas, y sólo podría tomar el 4% de la compañía, así que necesita financiación para conseguir 1.600 millones adicionales.

El organismo registró una pérdida de 1.900 millones de euros en 10 años y las empresas que integran el holding estatal suman una deuda de más de 4.750 millones de euros. 

El grueso de ese rojo corresponde a Navantia, el fabricante naval del Estado, que incluso tuvo que recibir otro rescate de la SEPI en 2022, un verdadero agujero negro financiero.

El otro gran dolor de cabeza es Correos, que sumó gran parte de su deuda en los últimos años con Sánchez en La Moncloa, y con su ex jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, en la presidencia de la postal pública.

Y finalmente otra de las complicaciones que arrastra es la cadena mediática pública RTVE. 

Esto por no mencionar el resto de las empresas controladas, en las que SEPI tiene más del 50% de las acciones, y que son -en menor medida- otro lastre. 

El punto es que hace rato el Gobierno viene explorando la posibilidad de que la SEPI salga a buscar financiación directamente al mercado, por fuera del circuito bancario.

El llamado en un principio a los empresarios en defensa de la “españolidad”, apelando a la idea de Telefónica como baluarte soberano bajo ataque, no parece haber dado resultado.

Ellos saben mejor que nadie que, como están las cuentas, se quedan cortos para el 10%.

Siempre hay lugar para los amigos

El ingreso del Estado en Telefónica genera suspicacias no del todo infundadas. Podría decirse incluso que los antecedentes de estos años de sanchismo más bien avalan las hipótesis de los malpensados.

Ex funcionarios de la administración central, antiguos responsables de gobiernos autonómicos o simplemente personajes socialistas destacados fueron acomodados en las empresas controladas o influidas por el Estado (algo que no consiguió todavía en las que cotizan en el Ibex, que resisten su política). 

Pero nada impide especular -más bien todo invita a hacerlo- que de convertirse la SEPI en primer accionista de Telefónica, Sánchez será tan sanchista como hasta ahora y elegirá a alguien cercano y de confianza con la intención de influir en la toma de decisiones más allá de una mera presencia atenta a los intereses estratégicos en juego para España.

Hasta tal punto el mercado da por descontado que así se moverá Sánchez en su ingreso al paquete accionario de Telefónica -y las que sigan-, que muchos ya temen cómo afectará la renovación del consejo de la telco, con cinco de sus quince miembros que verán caducar su mandato en 2024. 

La expectativa ya instalada es que la SEPI estará dispuesta a poner todo sobre la mesa para lograr designar consejeros afines en una empresa que es la mayor inversión estatal tras Aena, Airbus y CaixaBank.

Más allá de su porción de la torta, el Estado podría conseguir por esta vía potenciar dramáticamente su influencia. Y se espera que dé pelea. 

Teóricamente una participación del 10% sólo le permitiría al Gobierno nombrar un consejero, ya que cada vocal representa a un 6,66% del capital (resultado de dividir 100 entre los 15 consejeros). Pero las cosas no parecen ser en la sala de reuniones tan estrictas como indican los reglamentos. 

BBVA, por ejemplo, tiene un vocal sin llegar al 5%, mientras que entre La Caixa y Criteria suman alrededor de un 6% y también tiene un consejero. En ese contexto, la SEPI bien podría intentar tener dos representantes.

Además, el nuevo accionista saudí STC reclamará, al menos, un consejero cuando alcance el 9,9% del capital.

Una movida más que elocuente por parte de Telefónica fue anticipar la renovación de dos puestos pese a que el mandato finalizaba a mediados de 2024 al igual que en los otros cinco casos. Y sus reemplazos fueron personas cercanas a la compañía.

Es obvio que en Telefónica se están preparando. Y reduciendo riesgo en la medida de lo posible mientras que todavía haya tiempo. Es que cuatro (de los siete) de los puestos a renovar eran consejeros independientes y en el mundo corporativo nadie se olvida de lo que pasó en Indra. 

El Gobierno nombró “leales” y “afines”, después del escándalo de las destituciones de casi todos los independientes de la tecnológica en la funesta junta de junio de 2022.

Modelo europeo

A decir verdad, el ingreso de España en el sector de telecomunicaciones no es ni original ni revolucionario.

Cuando la Moncloa mira a su alrededor, de hecho, puede constatar que la mayoría de sus pares tiene un modelo parecido al que busca implementar hoy. 

El Estado alemán tiene el 13,8% de Deutsche Telekom; el francés el 13,4% de Orange; el italiano, el 9,81% de Telecom Italia. Sólo Reino Unido (ya fuera de la UE), siguió el modelo de privatización total y sus principales grupos en el sector (BT y Vodafone) también tuvieron visitas sorpresas de inversores extranjeros.

La presencia estatal en sectores estratégicos no es en sí misma un tema digno de controversia.

Otra cosa es cómo ejercer la preservación de esos intereses. Las aspiraciones del sanchismo parecen tener un alcance extralimitado. Al igual que la velada pero conocida intención de llevar el “caso Telefónica” a empresas del Ibex.

Por estratégicas, claro. Simplemente por poderosas. Tener un oído en esos consejos es una tentación fácil.