Cientos de presos tomaron el penal paraguayo más grande y peligroso

“El control va a costar vidas”, había afirmado el funcionario horas antes que se desatara la revuelta en la unidad, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Asunción y en la que están alojados unos 3.000 presos, la mayor parte de ellos calificados como de “alta peligrosidad”, según el servicio penitenciario del país.

Las versiones, no confirmadas ni desmentidas por el gobierno, señalan que los amotinados tendrían como rehén al director de la unidad, Adán Jesús González, como así también al menos a unos 10 guardias y a una treintena de mujeres que estaban visitando reclusos en el momento que estalló el motín.

En conferencia de prensa, Riera informó que el gobierno activó una “mesa de crisis” integrada por representantes de varios ministerios y otros organismos, y advirtió que la Ley de Seguridad Interna permite que las Fuerzas Armadas intervengan en casos como este.

Mientras familiares de los presos hacían un cordón para evitar el ingreso de fuerzas de seguridad y más de 1.000 policías se apostaban en los alrededores del penal, el funcionario dijo que el gobierno estaba “monitoreando y haciendo un seguimiento de todo lo que está ocurriendo con auxilio de la fiscalía y los jueces”.

Por su parte, el ministro de Justicia Ángel Barchini afirmó que se trata de una cuestión que debe resolver el Poder Judicial. “Como órganos custodios de las personas privadas de libertad, estamos trabajando en ese sentido”, expresó el funcionario, que se negó a precisar si el director del penal está entre los rehenes.

Los medios locales señalan que desde que comenzó el motín, un sinnúmero de presidiarios fueron vistos en los techos del edificio principal del presidio arrojando cascotes a los policías antimotines, al tiempo que la televisión exhibió grandes llamaradas de fuego en el interior, atizada por colchones y otros elementos inflamables.

Los incidentes se registraron tras las advertencias del ministro de Justicia, que la semana pasada anunció un plan “para retomar el poder de las penitenciarías” dominadas por el Clan Rotela y grupos que responden a las organizaciones criminales PCC y CV, ambas con base en Brasil, operativo que según anticipó en la ocasión tendría costos en términos de vidas.

Paraguay, país mediterráneo de unos 6.500.000 habitantes, cuenta con unos 16.000 reclusos distribuidos en 18 penitenciarías. Unos 3.000 están recluidos en Tacumbú, unidad que registra un hacinamiento del 607%, según denuncian las organizaciones dedicadas a velar por los derechos de los detenidos.

Hasta el momento, las fuerzas policiales y militares no pudieron contener los incidentes que provocaron incendios en varias zonas de la cárcel, y se supone que los amotinados lograron acceder a algunas armas, crisis que provocó la inmediata reacción de sectores de la oposición que pidieron la renuncia de Barchini por falta de capacidad para manejar la situación.

Ahora, el Ejecutivo se debate entre desprenderse de un miembro del gabinete o seguir adelante y no mostrar un gesto de fractura al interior del gobierno. Según algunas versiones, desde el oficialismo le plantearon al presidente Santiago Peña la necesidad de que Barchini deje la cartera de Justicia.

El funcionario, además, suma el desatino de haber informado al mandatario del supuesto descuartizamiento de un suboficial, de nombre Oliver Lezcano a manos del Clan Rotela, hecho que horas después fue desmentido por la presunta víctima mediante un video.

(Con información de agencias)