Algo malo pasa en el Ejército

El teniente se llama Nelson Duarte y antes trabajaba. Pero su desgracia comenzó en 2014, cuando hizo su primera denuncia sobre irregularidades que ocurrían a ojos vista en su unidad.

Por denunciar, lo sancionaron. El comandante de la Brigada de Infantería 1, coronel Víctor Grande, a quien estaba dirigida la denuncia, le impuso diez días de arresto a rigor por “tomarse atribuciones totalmente indebidas al iniciar investigaciones de presuntas irregularidades”.

Luego se inició una investigación administrativa que se tomó su tiempo. Demoró seis años. Recién concluyó en 2020.

Allí se corroboró que todo lo denunciado era cierto: soldados del Ejército, pagados con el dinero de todos, se habían dedicado al menos 16 años, entre 2000 y 2016, a instalar piscinas para la empresa privada Akesse, sin que existiera ningún convenio que lo habilitara.

También se corroboraron otras denuncias del teniente Duarte: se habían hecho traslados de bebidas alcohólicas desde la frontera del Chuy en vehículos militares y en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa privada de un coronel.

Sin embargo, salvo un par de sanciones menores, los responsables no fueron penados. Tampoco se llevó el caso a la justicia.

En cambio, la vida profesional de Duarte cambió para siempre. Ya nunca logró un ascenso. Lleva 13 años estancado en el grado de teniente. Desde su primera denuncia ha sufrido traslado tras traslado, además de un sinfín de sanciones y humillaciones, la última de las cuales es pagarle para que se quede en casa.

En 2021 Duarte hizo otra denuncia. Dijo que al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) llegaban cargamentos de bebidas alcohólicas y refrescos desde la frontera con Brasil montados en camiones militares. Aportó fotos y filmaciones.

También que existían maniobras sospechosas con el manejo del combustible en esa unidad y que un oficial había vendido para provecho propio cubiertas del Ejército, algunas de ellas sin uso.

En setiembre de 2021, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, ordenó una nueva investigación administrativa a partir de esas denuncias. Y designó como funcionario instructor al general Marcelo Pose, quien era el jefe del CALE, la dependencia denunciada por Duarte.

Como había ocurrido en la primera investigación, se puso más esfuerzo en descalificar al teniente Duarte que en investigar los hechos. En las conclusiones de su informe final, Pose se despachó con duros conceptos sobre el oficial, a quien acusó de “absoluta falta de lealtad y desconocimiento”.

Pese a todo, las irregularidades eran innegables –estaban filmadas- y buena parte de ellas se demostraron ciertas.

No solo lo de traer cerveza y whisky desde Brasil. También que oficiales del Ejército recibían de regalo vales de nafta, que nadie pudo explicar quién pagaba, pero que sí o sí debían efectivizarse en la estación de servicio de un empresario que es habitual proveedor del Ejército. ¡Qué casualidad!

Lo de los neumáticos, en cambio, se descartó. Básicamente, porque los implicados negaron haber vendido las cubiertas en beneficio propio. Como existían fotos, debieron admitir que algunas de ellas estaban sin uso, pero adujeron que estaban vencidas. ¿O sea que el Ejército compra neumáticos que almacena durante años y nunca llega a usar, que se terminan venciendo en un galpón y al fin se mal venden como basura descartable?

¿Quién compra esos neumáticos que no se usan?

Nada de eso fue explicado. En los cientos de folios que se llenaron con estas investigaciones, nadie se lo preguntó tampoco.

Durante la última investigación administrativa, el general Pose interrogó al teniente Duarte. Y delante de otros oficiales le dio un mensaje muy claro: “Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”.

Cualquiera diría que eso fue una amenaza.

Pero no pasó nada.

Pose continúa su carrera ascendente en el Ejército, que lo ha llevado a ser agregado militar en Washington y a comandar la principal región militar del país, mientras Duarte sigue en su infierno descendente, amenazado de ser echado en cualquier momento de la fuerza y sin ni siquiera poder presentarse a trabajar.

Todo por denunciar cosas ciertas.

Esos son los hechos. El Observador lo ha documentado en tres largas y sucesivas notas. El silencio general ha sido la respuesta.

Algo malo tiene que estar pasando adentro del Ejército y no es de ahora, lleva muchos años de tolerancias, imposturas y ojos que miran para otro lado.