Tecnología > Uber
Justicia española ordena el "cierre inmediato" de Uber
La decisión judicial suspende la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes y la prestación de cualquier otro servicio de la aplicación
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26 de diciembre de 2014 a las 10:41
El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid ha ordenado el cierre "con carácter inmediato" de Uber, compañía que pone en contacto de forma online a usuarios y conductores de esta empresa para desplazamientos en carretera.
El auto también ordena la suspensión de la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones y/o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con esta compañía.
La decisión judicial introduce así la novedad de ordenar el cierre de una app, aunque para que la medida cumpla con toda su efectividad debería también requerir a las plataformas que alojan la aplicación (App Store, Google Play o Windows Store, entre otras) que cesen de hacerlo.
Esta decisión sigue a la adoptada el pasado día 9 de diciembre, cuando el juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenó la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber.
En un auto con fecha 9 de diciembre, el magistrado acordó estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra Uber.
El juez aceptó la medida al constatar que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal. En la resolución, el juez aclaraba que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente". Acción desleal El juez llegó a esta conclusión porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.
La medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid se adoptó sin escuchar a Uber por el daño que se está ocasionando a los titulares del servicio de taxi y porque esta empresa está domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.
En la misma resolución se oficiaba ya a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohibieran todo tipo de transacciones y alojamiento a Uber. Las compañías aguardaban a recibir el mandato del juzgado, que ha llegado este mismo viernes, por lo que se prevé que en las próximas horas la web de Uber deje ya de estar operativa, informaron a Europa Press en fuentes del sector. Medidas solicitadas En la parte dispositiva, el auto del juez ordenaba este cese, así como la prohibición de cualquier aplicación o de cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado en España.
Además, señalaba que estas medidas se ejecutarían una vez que la parte solicitante prestara en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la resolución la caución consistente en aval bancario de tiempo indefinido por importe de 10.000 euros y pagadero al primer requerimiento y se estimara suficiente por el Juzgado.
Por ello, pedía a los prestadores de servicios de información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que suspendieran la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber.
Vía Expansión
El auto también ordena la suspensión de la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones y/o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con esta compañía.
La decisión judicial introduce así la novedad de ordenar el cierre de una app, aunque para que la medida cumpla con toda su efectividad debería también requerir a las plataformas que alojan la aplicación (App Store, Google Play o Windows Store, entre otras) que cesen de hacerlo.
Esta decisión sigue a la adoptada el pasado día 9 de diciembre, cuando el juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenó la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber.
En un auto con fecha 9 de diciembre, el magistrado acordó estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra Uber.
El juez aceptó la medida al constatar que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal. En la resolución, el juez aclaraba que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente". Acción desleal El juez llegó a esta conclusión porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.
La medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid se adoptó sin escuchar a Uber por el daño que se está ocasionando a los titulares del servicio de taxi y porque esta empresa está domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.
En la misma resolución se oficiaba ya a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohibieran todo tipo de transacciones y alojamiento a Uber. Las compañías aguardaban a recibir el mandato del juzgado, que ha llegado este mismo viernes, por lo que se prevé que en las próximas horas la web de Uber deje ya de estar operativa, informaron a Europa Press en fuentes del sector. Medidas solicitadas En la parte dispositiva, el auto del juez ordenaba este cese, así como la prohibición de cualquier aplicación o de cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado en España.
Además, señalaba que estas medidas se ejecutarían una vez que la parte solicitante prestara en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la resolución la caución consistente en aval bancario de tiempo indefinido por importe de 10.000 euros y pagadero al primer requerimiento y se estimara suficiente por el Juzgado.
Por ello, pedía a los prestadores de servicios de información reconocidos en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que suspendieran la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber.
Vía Expansión
