Google: olvida mi nombre

En América Latina existen legislaciones sobre métodos para "desaparecer" de la web pero no hay una postura común que marque la cancha
Olvidar es humano. Pero –a pesar de que detrás de Google hay personas– el buscador más popular del planeta no olvida fácilmente, y mucho menos el resto de internet. Lo que se sube a la red es permanente, como así lo son también sus consecuencias. Ante esta realidad es que reacciona la ley del derecho al olvido, famosa en Europa por haber arremetido contra Google, pero en Uruguay, incluso en América Latina, es difícil encontrar consenso sobre el tema.

Este fue uno de los puntos discutidos durante la Semana Nacional de Protección de Datos Personales, que hoy termina y fue impulsada por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp). El abogado de Google Federico Deya y el presidente de la Urcdp, Felipe Rotondo, abordaron la temática del derecho al olvido desde la perspectiva latinoamericana.

Europa se familiarizó con este concepto en 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que Google debía brindar a los europeos la oportunidad de solicitar que sus servicios de búsqueda "olviden" la información que les concierne, especialmente si es perjudicial o inexacta. Desde entonces, según datos presentados por Deya en su ponencia, actualizados al pasado 4 de agosto, se presentaron más de 500 mil solicitudes para retirar determinadas URL de los índices de búsqueda de Google, de las cuales se atendió al 43%.

Los casos recibidos fueron analizados en el marco de una guía básica elaborada por un consejo consultivo, que estuvo integrado por el exdirector de Google Eric Schmidt; el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales; el profesor de ética del Instituto Oxford Internet, Luciano Floridi; el enviado de la ONU para la libertad de expresión Frank La Rue, y José Luis Pinar, exdirector de la agencia de protección de datos de España.

Criterios dispares

En América Latina la cuestión no está tan unificada. Deya presentó varios casos que fueron llevados al ámbito judicial y administrativo en la región y que tuvieron los resultados más diversos. "El 98% de los reclamos de ciudadanos latinoamericanos que procesamos en Google tenían como fuente un artículo periodístico", señaló.

Entre ellos está el el caso de un argentino que fue acusado por tráfico de drogas, lo que generó la publicación de una nota periodística. Años después, el hombre encontró el artículo e invocó el derecho al olvido para que fuera eliminado de internet, para lo cual inició una acción judicial tanto contra el diario como contra Google. La resolución del caso determinó que la noticia era real al momento de su publicación y se expresó en los términos correctos (aunque no hubo una sentencia), por lo cual su eliminación no era pertinente.

En Brasil se dio un caso similar, pero, en vez de tratarse de un sitio de noticias, el demandante cuestionó la publicación en un sitio estatal de una decisión judicial, a lo que se respondió que eliminar documentos de tal entidad atentaría contra las prácticas de transparencia del Estado. Al respecto, Deya explicó que existen estándares internacionales para garantizar el anonimato de los afectados en determinadas sentencias para preservar su nombre.

Otro fue el caso en Colombia de una señora que se presentaba como Gloria. La mujer había sido imputada en el año 2009 en un caso de trata de personas, cuando trabajaba en una agencia de viajes y vendía pasajes a una red de tráfico. Sobre esto salió una nota en el diario local El Tiempo, la cual fue hallada por Gloria en una búsqueda en Google, años después.

La Justicia determinó que el diario debía actualizar la noticia (según establece la norma de ese país sobre las noticias en línea), pero con el agregado de que el portal debía utilizar protocolos de exclusión. ¿Qué significa esto? Los motores de búsqueda usan programas automatizados (bots) para verificar y categorizar qué contenido, páginas y secciones de una web van a ser indexadas en los resultados. Al cambiar las listas de comandos se impide que ciertas URL sean encontradas e indexadas por los buscadores. De esta manera la noticia en la que se mencionaba a la mujer ya no aparece en los resultados de Google.

Chile fue por la misma línea que Colombia: una sentencia de la Suprema Corte determinó que se debía eliminar del portal del diario La Tercera una noticia sobre un carabinero procesado por delitos de abuso sexual; esto incluyó a su buscador interno.

"Para nosotros son casos muy difíciles, porque somos intermediarios, no dueños de la noticia. Tampoco tenemos las herramientas para determinar si es cierto o no, si está bien o está mal lo que publica. No es que si lo desindexamos de Google deja de estar en línea, pero sí es una restricción al acceso a una fuente", explicó Deya. Y agregó: "Si usted quiere encontrar algo, nosotros le decimos dónde creemos que lo puede encontrar. Pero Google no es dueño de lo que usted está buscando ni somos quiénes para decidir si algo se esconde o no".

¿Y en Uruguay?

En Uruguay el derecho al olvido está contenido en la ley de datos personales (18.331), que garantiza la posibilidad de solicitar al responsable de una base de datos que elimine cierta información. Y, si este no lo hace, da la oportunidad de denunciarlo o incluso recurrir a una acción judicial de hábeas data. En Uruguay es la Urcdp el organismo que recibe las denuncias, solicita a los sitios web (o dueños de bases de datos en general) que eliminen cierta información y los sanciona en caso de negarse.

Rotondo, el presidente de la Urcdp, expuso que los casos en los que se ha tenido que solicitar la supresión de información nunca han terminado en la Justicia. El organismo opta por recomendar a los gestores de páginas web utilizar los protocolos de exclusión.

A su juicio, el derecho a la protección de los datos personales es un derecho humano. "No estamos diciendo que hay que olvidar ni eliminar la verdad. No es ver al olvido como 'tapar' algo", señaló. "No lleva a reconstruir hechos, no es hacer la historia a medida de uno, no es borrar y hacer la historia para quedar bien. No es colocar en cierta posición los resultados de una búsqueda de internet", continuó.

En su lugar, Rotondo explicó que la normativa uruguaya sobre derecho al olvido se aplica en casos en que los datos no son pertinentes para la información que se difunde, así como cuando caducaron o son falsos o tratados ilegítimamente. Además, agregó que la ley uruguaya establece excepciones cuando la información tiene valor histórico, científico, cuando contribuye a la seguridad pública o por cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros motivos.

La norma, agregó Rotondo, también establece que si el responsable de la publicación de la información se da cuenta de que esos datos son incorrectos, falsos o si ya no sirven a la finalidad para la cual se recolectaron, debe quitarlos sin que nadie lo solicite.

Además de la intimidad, el derecho a borrar información protege el derecho de las personas a olvidar el pasado, dijo el experto en protección de datos del Instituto de Internet de Oxford, Viktor Mayer Schonberger, al diario británico The Guardian. "La belleza del cerebro humano es que olvidamos, lo que nos permite pensar en el presente. Eso nos ayuda a tomar decisiones", agregó.

Cómo borrarse

  1. Redes sociales: el primer paso es borrar la cuenta elegida. Aunque la opción de desactivar o eliminar la cuenta se encuentra, a menudo, escondida, todas las plataformas la ofrecen dentro del menú de configuración.
  2. Identidad: existen herramientas que funcionan como agregadores de datos personales online, por ejemplo, PeekYou o BuddyFetch, YoName o Zoominfo. Hay que buscarse y eliminarse de estos sitios.
  3. Listas de correo: el internauta puede cancelar suscripciones a boletines, promociones o anuncios de empresas en las que se haya suscrito.
  4. Adiós al mail: el último paso para borrar la identidad digital es eliminar la cuenta de correo electrónico.

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