"El
cibercrimen no conoce fronteras. Los riesgos por ciberataques son más altos que nunca", indicó en una rueda de prensa en la sede del Consejo de la Unión Europea (UE) la presidenta de Eurojust (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea), Michèle Coninsx, quien pidió más coordinación judicial y en los esfuerzos de aplicación de la ley entre los Estados miembros.
Coninsx, que hizo un balance de las medidas de la institución que dirige contra este tipo de criminalidad, recalcó que amenaza el funcionamiento del mercado interior comunitario y provoca pérdidas multimillonarias a empresas de todo el mundo.
Indicó que una de las tareas fundamentales de Eurojust es "ayudar a resolver el problema de la jurisdicción en diferentes lugares", por ejemplo cuando un criminal realiza un ciberataque en un país distinto.
En opinión de Coninsx, 2015 ha sido un "año emblemático" en el que "hemos visto que hay necesidad de más apoyo" ante crímenes se han producido de
naturaleza "grave" e incluso en áreas terroristas.
"Los crímenes que vemos en el mundo real están ahora desplazándose evidentemente al mundo digital", comentó.
Por su parte, el experto en Cibercrimen de Eurojust, Lodewijk van Zwieten, identificó seis desafíos judiciales en la lucha contra el cibercrimen: la pérdida de datos, la pérdida de localización, la armonización de marcos legales, la necesidad de cooperación público-privada, la cooperación internacional y la evolución de la amenaza y su resultante brecha de conocimientos.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en que el cibercrimen es un asunto "horizontal" que está vinculado con muchos otros tipos de crímenes como la explotación sexual de niños, el tráfico de seres humanos, el fraude, el narcotráfico o incluso el terrorismo.
"Las limitaciones territoriales de la jurisdicción son un reto principal para las investigaciones transfronterizas y la búsqueda de la justicia.
La presidenta del grupo de trabajo especial sobre Cibercrimen, Daniela Buruiana, abogó por la creación de una red judicial especializada en este tipo de crímenes a nivel europeo, que proporcionaría información a fiscales y jueces o permitiría compartir las mejores prácticas.
"La Presidencia holandesa (de turno del Consejo de la UE) ha expresado que quiere apoyar esta iniciativa", indicó, y añadió que para ponerla en marcha "necesitamos el apoyo de las instituciones de la UE relevantes".