“El cadáver es de tu padre, pero no era tu padre”

La identificación de restos humanos con ADN de familiares destapa infidelidades, adopciones secretas y enfermedades genéticas. Los expertos trabajan en normas éticas para gestionar estos hallazgos incómodos
11 de marzo de 2004. Una decena de bombas explota en hora punta en cuatro trenes de cercanías de Madrid, provocando 191 muertos. Es necesario analizar el ADN de 220 restos humanos para identificar a las víctimas, destrozadas por las explosiones. 11 de septiembre de 2001. Tres aviones pilotados por terroristas impactan contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono y un cuarto se estrella en Pensilvania. Mueren casi 3.000 personas. La identificación requiere analizar el ADN de 19.963 pedazos hallados entre los escombros.

Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más: los “desaparecidos” asesinados en la dictadura argentina, los fusilados y enterrados en cunetas durante la Guerra Civil española, las matanzas del llamado genocidio guatemalteco, el devastador tsunami de 2004. En todos los casos ha sido necesario el ADN para identificar a los muertos. En ocasiones, basta con comparar el perfil genético de los restos humanos con muestras tomadas de los peines o cepillos de dientes de las víctimas, pero otras veces es imposible y hay que compararlo con el de sus familiares.

Y, entonces, aparecen hallazgos muy incómodos: el ADN de un cadáver puede no cuadrar con el de su supuesto hijo, pero sí con el de su hermano. Los forenses pueden descubrir, en medio de una tragedia, que un recién huérfano es fruto de una infidelidad secreta o fue adoptado y no lo sabe. O, incluso, el análisis del ADN de un cadáver puede revelar indicios de enfermedades genéticas, como la esterilidad. ¿Qué hace un científico que se da de bruces con estos hallazgos no buscados? ¿Le dice a un hijo que busca a su padre que, efectivamente, los restos humanos hallados en un atentado pertenecen a la persona que busca pero que en realidad no era su padre? ¿Le revela que puede ser estéril?

Silencio absoluto


Tres expertos en bioética de EEUU encienden ahora el debate en una de las revistas de cabecera del sector, Forensic Science International: Genetics. Su recomendación es “política de confidencialidad”. Lo que pasa en el laboratorio se queda en el laboratorio.

Son Lisa Parker, de la Universidad de Pittsburgh, Alex John London y Jay Aronson, ambos de la Universidad Carnegie Mellon. Los tres, dos filósofos y un historiador, lamentan las “relativamente escasas” recomendaciones internacionales sobre qué hacer con estos hallazgos incómodos escritos en el ADN de los cadáveres. Y su propuesta es el silencio absoluto.
Nos mandan a identificar un cadáver, no a chivarnos de si una madre tuvo un desliz”, explican fuentes de la Policía Científica

En algunos laboratorios, los familiares de un fallecido firman un “consentimiento informado” antes de ceder su ADN para compararlo con el de un cadáver. En el mejor de los casos saben a lo que se exponen y pueden decidir si quieren o no ejercer su derecho a saber. Pero a estos tres expertos en bioética les parece una opción moralmente rechazable.

“La información que se divulgará afecta a más de una parte interesada. Revela información potencialmente delicada acerca de otros, incluyendo miembros de la familia que rechazaron participar en la iniciativa de identificación porque no quieren ser asociados con ella o porque tratan de ocultar algo que podría alterar su dinámica familiar”, argumentan.

Casos habituales


Fuentes de la Policía Científica española, que ha lidiado con la identificación de los muertos del 11-M, del accidente del vuelo 5022 de Spanair y del brutal terremoto de Argelia de 2003, son más claras: “A nosotros nos mandan a identificar un cadáver, no a chivarnos de si una madre tuvo un desliz un día”.

“Estos casos son bastante habituales, más de lo que la gente se piensa”, subrayan las mismas fuentes, pero es imposible dar un porcentaje. Algunos estudios, muy discutidos, afirman que hasta el 10% de las personas no son hijas de sus supuestos padres. En este escenario, es posible imaginar los culebrones que habrán surgido en los laboratorios de la antigua Yugoslavia, donde la guerra desplazó a pueblos enteros y ha hecho imposible identificar los cadáveres con su propio ADN almacenado en cepillos de dientes y cuchillas de afeitar.

La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas en la guerra de los Balcanes ha identificado a unas 17.000 personas gracias al ADN. Para lograrlo, ha creado un gigantesco archivo de perfiles genéticos de 90.000 familiares de unos 30.000 desaparecidos. Allí pueden constar infidelidades, adopciones secretas, niños robados, incestos y otros datos truculentos escondidos por los implicados durante décadas.

Sin un criterio a seguir


“La verdad es que los hallazgos incómodos ocurren y, que yo sepa, en todas partes del mundo”, explica Francisco Etxeberria, profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco. Es uno de los mayores expertos en España en su ámbito. Ha identificado a centenares de fusilados en la Guerra Civil, participó en el estudio de los restos del ex presidente chileno Salvador Allende y hasta ha intervenido en la identificación de los niños Ruth y José, presuntamente quemados por su padre en una hoguera. “No sé cuál es el criterio a seguir”, admite.
No hay unas normas estandarizadas en el tratamiento y la gestión de estos casos", dijo Antonio Alonso, facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Etxeberria cree que hay “una tendencia lógica” a generar informes periciales con una sucesión interminable de argumentos técnicos que hace que sean documentos deliberadamente fríos e incomprensibles para los no científicos. Así, “el perito se garantiza la protección ante cualquier crítica”. Es una tendencia que está cambiando en países como Chile, según el forense vasco, hacia una mayor relación de proximidad con los familiares. “Es en ese contexto donde se puede advertir de los resultados incómodos”, opina.

En España existen unos 20 laboratorios acreditados para llevar a cabo análisis de ADN en el ámbito judicial. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en Las Rozas (Madrid), donde trabaja Antonio Alonso desde 1984. “Probablemente debido a la baja frecuencia de estos hallazgos, no ha habido un estudio adecuado de la problemática ética y por tanto no hay unas normas estandarizadas en el tratamiento y la gestión de estos casos”, reconoce Alonso, que ha participado en la identificación de los cadáveres de los atentados del 11-M y de la tragedia del avión Yakovlev 42, en la que murieron 75 personas, entre ellas 62 militares españoles.

Ocultar resultados incómodos


Alonso, al contrario que otros expertos, cree que estos hallazgos accidentales son “muy poco frecuentes” y que el juez o el fiscal de un caso son los únicos capaces de valorar su trascendencia. “Cuando hemos tenido un hallazgo inesperado lo hemos puesto en conocimiento de la autoridad judicial para que determine el grado de confidencialidad de la información obtenida”, señala. La Policía Científica sigue el mismo procedimiento. Además, si el ADN de una persona muerta no casa, por ejemplo, con el ADN de su supuesto hijo, se piden muestras de saliva o sangre a otros familiares. Si coincide, sólo se incluyen estos resultados en el informe pericial, excluyendo los que destapan una falsa paternidad.
Los problemas que pueden generar los hallazgos accidentales son muy variados: repercusiones psicológicas, familiares, de persecución política, de violencia de género y hasta financieras”, expone Mabel Marijuán, profesora de Bioética de la Universidad del País Vasco

“Los problemas que pueden generar los hallazgos accidentales son muy variados: repercusiones psicológicas, familiares, de persecución política, de violencia de género y hasta financieras”, expone Mabel Marijuán, profesora de Bioética de la Universidad del País Vasco. A su juicio, evitarlos requiere batallar en varios frentes: el científico, pidiendo por sistema muestras de ADN a varios familiares y evitando pruebas que den información no requerida, y el político, “legislando para evitar que se extraigan, se divulguen o se malguarden datos no relevantes”.

Es lo que intenta hacer la bióloga molecular Marian Martínez de Pancorbo, durante años directora de uno de los bancos de ADN de España, el de la Universidad del País Vasco, y ahora asesora científica del mismo. Ha llevado a cabo miles de análisis de ADN, entre ellos muchos de fusilados en la Guerra Civil española. Cuando toma muestras a un familiar, siempre pregunta si quiere que se le informe o no de los posibles hallazgos accidentales. Es lo mismo que recomienda el artículo 5 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la Unesco.

“En los últimos 80 análisis de ADN, sólo hemos tenido uno de estos casos de hallazgos accidentales”, detalla Martínez de Pancorbo. La bióloga explica que al elaborar un perfil genético para identificar restos humanos huyen de los fragmentos de ADN que delatan enfermedades genéticas, pero aún así las sorpresas incómodas pueden aparecer y lo tiene claro: “Es fundamental que una persona pueda ejercer su derecho a no saber”.

 

Vía Materia.

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