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EEUU acelera deportación de indocumentados sin antecedentes
Nuevas circulares establecen casi ninguna excepción "para la remoción de extranjeros" del país
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22 de febrero de 2017 a las 05:00
Como prometió el presidente estadounidense Donald Trump, el departamento de Seguridad Interna (DHS) publicó ayer dos circulares que refuerzan la captura y deportación de inmigrantes ilegales con muy pocas excepciones a la medida.
En los dos memorandos internos, fechados el lunes y divulgados hoy en el sitio web oficial del Departamento, el secretario de Seguridad, John Kelly, determinó que aún inmigrantes sin antecedentes criminales podrán ser objeto de deportación inmediata. Eso a pesar de que la prioridad seguirá siendo la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales, como había sido práctica desde el anterior gobierno, de Barack Obama.
No obstante, los documentos añaden que, "con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría para remoción de los extranjeros de la potencial aplicación de la ley". Obama, por el contrario, ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.
"Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos", apunta el documento. Kelly también determinó la contratación de 5.000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y de 10.000 empleados para la agencia de control de migración (ICE).
Trump está haciendo todo lo posible por salirse con la suya y cumplir sus promesas de campaña sin sentir el freno de la justicia. En ese sentido es lógico que en este caso su administración haya optado por emitir ese tipo de directrices sobre las cuales no es posible imponer la inconstitucionalidad.
Este nuevo plan tiene un objetivo muy claro: generar un retorno masivo de inmigrantes de la manera más rápida posible. El proceso de expulsión inmediata, que había sido frenado parcialmente por el predecesor de Trump en el gobierno, solo se aplicaba en el caso de personas con menos de dos semanas sin papeles y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la frontera.
Las nuevas reglas de Trump eliminan por completo todo lo vinculado con la ubicación geográfica de los inmigrantes, además de permitir aplicar de forma inmediata la expulsión de personas con hasta dos años de permanencia en el territorio de Estados Unidos.
Por el momento el gobierno de Trump no parece dispuesto a modificar el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también prometió poner fin durante su campaña, pero sobre el que matizó su discurso luego de asumido su cargo.
Sin embargo, será drástico con los padres de esos jóvenes, para, de forma indirecta, frenar la llegada de niños sobre todo de origen centroamericano que llegan en oleadas desde los años 80 a EEUU y que ya han superado los 3 millones desde esa época. Para ello el castigo será mayor para quienes ingresen con niños y aún más si se valen de "redes de tráfico humano", que es en realidad la forma en que ingresan miles de inmigrantes desde la frontera con México.
Además, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
Todos ellos tienen ahora "autoridad completa para arrestar al extranjero de quien se considere probable que haya violado las normas de inmigración". Y, a pesar de que estos lineamientos son estrictos pero específicos, el libre albedrío que se le da a los soldados llega al punto de que pueden deportar a cualquiera que consideren un "riesgo para la seguridad pública".
El pasado 23 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había dicho que la prioridad del gobierno eran inmigrantes con antecedentes criminales. "Personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención", dijo Spicer, para quien "en la actualidad la prioridad está en las personas que han hecho daño a nuestro país".
Se estima que los indocumentados son unos 11 millones en total, de los cuales la mayoría son mexicanos, por lo que estas medidas afectan sobre todo a personas procedentes del país fronterizo.
Pero además, en uno de los documentos también se ordena "identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología (incluyendo sensores)", y "preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes".
Trump había prometido que será México quien se hará cargo de la factura del muro, pero en las últimas semanas reculó al afirmar que Estados Unidos asumirá en primer lugar el costo y posteriormente será reembolsado, algo a lo que México se ha negado tajantemente.
Las últimas estimaciones sobre el precio total del muro se sitúan por encima de los US$ 21.600 millones.
El gobierno de Trump también subrayó tres lugares prioritarios para comenzar la construcción: El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California).
En los dos memorandos internos, fechados el lunes y divulgados hoy en el sitio web oficial del Departamento, el secretario de Seguridad, John Kelly, determinó que aún inmigrantes sin antecedentes criminales podrán ser objeto de deportación inmediata. Eso a pesar de que la prioridad seguirá siendo la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales, como había sido práctica desde el anterior gobierno, de Barack Obama.
No obstante, los documentos añaden que, "con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría para remoción de los extranjeros de la potencial aplicación de la ley". Obama, por el contrario, ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.
"Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos", apunta el documento. Kelly también determinó la contratación de 5.000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y de 10.000 empleados para la agencia de control de migración (ICE).
Trump está haciendo todo lo posible por salirse con la suya y cumplir sus promesas de campaña sin sentir el freno de la justicia. En ese sentido es lógico que en este caso su administración haya optado por emitir ese tipo de directrices sobre las cuales no es posible imponer la inconstitucionalidad.
Este nuevo plan tiene un objetivo muy claro: generar un retorno masivo de inmigrantes de la manera más rápida posible. El proceso de expulsión inmediata, que había sido frenado parcialmente por el predecesor de Trump en el gobierno, solo se aplicaba en el caso de personas con menos de dos semanas sin papeles y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la frontera.
Las nuevas reglas de Trump eliminan por completo todo lo vinculado con la ubicación geográfica de los inmigrantes, además de permitir aplicar de forma inmediata la expulsión de personas con hasta dos años de permanencia en el territorio de Estados Unidos.
Por el momento el gobierno de Trump no parece dispuesto a modificar el programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también prometió poner fin durante su campaña, pero sobre el que matizó su discurso luego de asumido su cargo.
Sin embargo, será drástico con los padres de esos jóvenes, para, de forma indirecta, frenar la llegada de niños sobre todo de origen centroamericano que llegan en oleadas desde los años 80 a EEUU y que ya han superado los 3 millones desde esa época. Para ello el castigo será mayor para quienes ingresen con niños y aún más si se valen de "redes de tráfico humano", que es en realidad la forma en que ingresan miles de inmigrantes desde la frontera con México.
Además, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
Todos ellos tienen ahora "autoridad completa para arrestar al extranjero de quien se considere probable que haya violado las normas de inmigración". Y, a pesar de que estos lineamientos son estrictos pero específicos, el libre albedrío que se le da a los soldados llega al punto de que pueden deportar a cualquiera que consideren un "riesgo para la seguridad pública".
El pasado 23 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había dicho que la prioridad del gobierno eran inmigrantes con antecedentes criminales. "Personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención", dijo Spicer, para quien "en la actualidad la prioridad está en las personas que han hecho daño a nuestro país".
En línea con el muro en México
Estos memorandos internos son el primer paso para la aplicación de la promesa de campaña de Trump de expulsar del país a los inmigrantes en situación irregular independientemente de que hayan o no cometido crímenes violentos en su país de origen o en territorio estadounidense.Se estima que los indocumentados son unos 11 millones en total, de los cuales la mayoría son mexicanos, por lo que estas medidas afectan sobre todo a personas procedentes del país fronterizo.
Pero además, en uno de los documentos también se ordena "identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología (incluyendo sensores)", y "preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes".
Trump había prometido que será México quien se hará cargo de la factura del muro, pero en las últimas semanas reculó al afirmar que Estados Unidos asumirá en primer lugar el costo y posteriormente será reembolsado, algo a lo que México se ha negado tajantemente.
Las últimas estimaciones sobre el precio total del muro se sitúan por encima de los US$ 21.600 millones.
El gobierno de Trump también subrayó tres lugares prioritarios para comenzar la construcción: El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California).
